Los bonos verdes son instrumentos financieros que permiten canalizar recursos del mercado de capitales hacia proyectos con beneficios ambientales definidos. Funcionan bajo una lógica similar a la de otros bonos: un emisor obtiene financiamiento de inversionistas y asume el compromiso de devolver el capital conforme a las condiciones establecidas, generalmente junto con intereses. La diferencia está en que los recursos captados mediante un bono verde se destinan a proyectos que cumplen criterios ambientales previamente establecidos. El Banco Mundial identifica entre sus posibles destinos las energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y residuos, agricultura y uso sostenible de la tierra, biodiversidad y adaptación al cambio climático.
El recorrido del dinero comienza con el emisor, que puede ser una institución financiera, empresa, organismo público u otra entidad con capacidad para acudir al mercado de valores. Antes de colocar el bono, debe establecer qué proyectos podrán recibir los recursos y bajo qué criterios serán considerados verdes. Los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association (ICMA), actualizados en junio de 2025, establecen cuatro componentes centrales: uso de los recursos, proceso de evaluación y selección de proyectos, gestión de los fondos y reporte. El objetivo es que el inversionista pueda conocer desde el inicio qué se financiará y cómo se administrará el dinero.
Una vez definido el marco del bono, los valores se ofrecen a los inversionistas. Estos pueden adquirirlos directamente en el mercado correspondiente, dependiendo de la estructura y regulación de cada emisión. El capital recibido no debería mezclarse sin control con otros recursos: los Principios de Bonos Verdes recomiendan establecer mecanismos que permitan identificar y seguir los fondos hasta su asignación a proyectos elegibles. El Banco Mundial, por ejemplo, explica que en sus propias emisiones los recursos se gestionan mediante mecanismos específicos hasta que son asignados al financiamiento de proyectos que cumplen sus criterios.
El siguiente paso es la selección y financiamiento de los proyectos. No basta con que una empresa denomine “verde” a una inversión para que automáticamente pueda recibir estos recursos. Los proyectos deben cumplir los criterios establecidos en el marco de la emisión y demostrar beneficios ambientales. Entre los objetivos contemplados por los Principios de Bonos Verdes están la mitigación y adaptación al cambio climático, conservación de recursos naturales, protección de la biodiversidad y prevención y control de la contaminación. Cuando es posible, esos beneficios deben medirse mediante indicadores cuantificables.
La trazabilidad continúa después de colocar el bono. Los emisores deben informar cómo se han utilizado los recursos y, de acuerdo con las recomendaciones de ICMA, reportar al menos anualmente tanto la asignación de los fondos como los impactos ambientales esperados. Estos reportes pueden incluir indicadores como capacidad de generación de energía renovable, energía ahorrada, emisiones de gases de efecto invernadero evitadas o reducidas y otros parámetros relacionados con cada categoría de proyecto. Así, el inversionista puede conocer no solamente cuánto dinero fue destinado, sino también qué resultados ambientales se esperan obtener.
La participación de revisores externos también puede reforzar la transparencia. Los Principios de Bonos Verdes recomiendan revisiones externas para aumentar la claridad sobre las características ambientales de una emisión. Estas evaluaciones pueden revisar, entre otros aspectos, el marco establecido por el emisor y la elegibilidad de los proyectos. Sin embargo, una revisión externa no elimina la responsabilidad del emisor de administrar correctamente los recursos y proporcionar información sobre su utilización e impacto.
En El Salvador, el mercado de valores también ha incorporado estos instrumentos. La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) señala que en enero de 2021 la Bolsa de Valores de El Salvador integró un capítulo sobre bonos verdes, sociales y sostenibles en su Instructivo de Emisiones de Valores, con lineamientos técnicos para estructurar estos instrumentos. En 2022, la SSF autorizó el primer bono sostenible emitido por el sector privado en el mercado salvadoreño, por un monto de hasta US$100 millones; parte de los recursos estaba destinada a proyectos verdes relacionados con energía renovable, transporte limpio, agricultura sostenible, eficiencia energética y riego por goteo.
El funcionamiento de un bono verde, por tanto, puede entenderse como una cadena financiera: el inversionista aporta capital, el emisor capta esos recursos, los fondos se asignan a proyectos que cumplen criterios ambientales y posteriormente se reporta su utilización y, cuando es posible, su impacto. Para las empresas y entidades que buscan financiar proyectos sostenibles, estos instrumentos abren una vía para conectar sus necesidades de capital con inversionistas interesados en activos con objetivos ambientales definidos. Para quienes invierten, la clave está en revisar el marco de la emisión, los criterios de elegibilidad, la administración de los recursos y los informes de impacto, porque el carácter “verde” depende de que esos elementos estén respaldados y sean transparentes.
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